Nacionalidad y Extranjería 

Nacionalidad y Extranjería en Valladolid

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Empatía , pues la Abogada también fue en su día una extranjera. Nacionalidad y Extranjería en Valladolid

El INSTITUTO CERVANTES   ha publicado ya las fechas de las convocatorias para los Exámenes necesarios  para la obtención de la NACIONALIDAD ESPAÑOLA  para 2021. Estos datos se publican para, Valladolid, Castilla y León, puede que haya pequeñas variaciones en otras Comunidades Autonómicas.

Aquí está la lista para el examen DELE (Nivel de conocimiento de Español)

¡CONSEJO EXTRA! – Inscríbase siempre en el Nivel de conocimiento A2, aunque usted tenga un conocimiento de español mucho mayor, este examen es el más fácil y barato. Nadie dudara de sus conocimientos de español una vez que obtenga la nacionalidad española, pues será usted nativo.

Lista del Examen CSSE – para los extranjeros de habla hispana

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EXTRANJERÍA

El Tribunal Constitucional y Extranjería

El 9 de marzo de 2020 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia Núm. 42/2020 del Tribunal Constitucional en la que se cambia el precepto sobre los requisitos económicos se requieren por la Ley española en cuanto a las reagrupaciones de los matrimonios o parejas entre españoles y ciudadanos de tercer países.

Menciona la Sentencia en su Fundamento Jurídico 4º letra A) lo siguiente:

“La segunda desigualdad de trato se produce entre los propios miembros de la pareja mixta –compuesta por extracomunitario o extracomunitaria y español o española–, ya que mientras que en cualquier pareja cualquiera de sus componentes puede trabajar para sostener a su familia, las resoluciones impugnadas obligan a que sea el cónyuge español quien deba inexcusablemente aportar los medios económicos para el sostenimiento de la familia.”

Por tanto, dice la Sentencia que, ni la Administración, ni la Ley  pueden imponer esta carga económica solo al ciudadano español, pues se vulneraria el art. 14 de la Constitución Española de 1978, en cuanto a la igualdad de los cónyuges o de la pareja ante la Ley.

“Sin embargo, dichas resoluciones administrativas no prestaron atención alguna a la documentación aportada por el ciudadano extracomunitario, con la que pretendía justificar su suficiencia de recursos. Se produjo, pues, una diferencia de trato entre ambos cónyuges, tal y como indica el Ministerio Fiscal. Tal y como se ha venido exponiendo, la finalidad expresa de la norma aplicada es la de evitar que el cónyuge extracomunitario suponga una carga para la asistencia social en España.  Y esa finalidad se cumple si es el ciudadano español el que dispone de los recursos necesarios, pero también si su titular es el cónyuge extracomunitario, o si la suma de los recursos de ambos permite el sostenimiento de la unidad familiar.”

Vuelve a insistir el Tribunal, en el deber de la Administración de analizar las circunstancias personales de cada caso, en cuanto a  reagrupaciones  “Por otro lado, recientemente se ha dictado, en el asunto C-836/18, la STJUE de 27 de febrero de 2020. En ella se resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha sobre la posible vulneración del artículo 20 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debida a la exigencia de que el ciudadano español deba cumplir los requisitos del art. 7.1 del Real Decreto 240/2007 como condición necesaria para el reconocimiento del derecho de residencia de su cónyuge extracomunitario, sin examinar la existencia de una relación de dependencia entre ellos de tal naturaleza que determinara que, en caso de denegarse el derecho de residencia del ciudadano de un tercer país, el ciudadano de la Unión no pudiera separarse del miembro de la familia que depende de él y hubiera de abandonar el territorio de la Unión.”

En conclusión, en los casos de residencia de los familiares de ciudadanos de la UE, tanto de parejas de hecho como de matrimonios, los medios económicos deberán aportarse bien por cualquiera de ellos  (pudiendo ser, tanto el ciudadano español como el ciudadano extranjero) bien por ambos conjuntamente, llegando a cumplir la cantidad requerida a través de los medios económicos de ambos.

En nuestro despacho llevamos varios trámites administrativos sobre Extranjería

 

ARRAIGO SOCIAL – es el procedimiento administrativo a través del cual el interesado solicita la residencia porque va a trabajar en España. Los documentos que se necesitan aportar son:

–  Certificado de antecedentes penales del país de origen con la legalización y traducción necesaria

–  Demostrar 3 años de estancia o residencia en España

–  Informe de arraigo social (nosotros lo solicitamos a través de la plataforma, para ahorrar tiempo y dinero al cliente)

– Oferta de contrato laboral (modelo tipo que se debe cumplimentar por ambas partes) de al menos 1 año con jornada laboral de 40 horas semanales

ARRAIGO LABORAL – se otorga cuando el interesado tiene abierto un PROCEDIMIENTO JUUDICIAL, es la parte interesada y necesita estar en España para poder comparecer en el procedimiento.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR de ascendientes y/o descendientes

• Se debe demostrar que el reagrupado recibe del reagrupante ayuda económica y el vínculo familiar que les une
• El reagrupante debe de tener un buen salario (depende de cuantas personas se quiera reagrupar) y no es suficiente con un salario de media jornada
• El informe de vivienda adecuada (nosotros lo pedimos por la plataforma y tarda un par de días)

– ESTANCIA Y RENOVACIÓN DE TARJETA DE ESTUDIANTES

– RENOVACIÓN DE TARJETAS DE RESIDENCIA

– ASILO POLÍTICO Y POR RAZONES HUMANITARIAS

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El Derecho Internacional Privado es aquella rama del Derecho que regula las relaciones entre diferentes Estados en cuanto a la situación de sus ciudadanos.

El ejemplo más fácil en cuanto a este tipo de Derecho son los Reglamentos y Directivas europeas que regulan diferentes situaciones de los ciudadanos (tanto europeos como de terceros Estados) cuando se encuentran en un Estado miembro europeo que no es el suyo de origen.

Otro ejemplo seria los Convenios bilaterales entre dos Estados en los que se puede acordar: el canje de los permisos de conducción, el reconocimiento de resoluciones judiciales, la doble nacionalidad etc.